La eutanasia, figura ‘non grata’ para el Congreso Español

Redacción DMD Federal

El pasado mes de Marzo de 2012, El PSOE volvió a oponerse a una ley de muerte digna. Los socialistas, a pesar de sus antiguos programas, palabras, promesas de solucionar situaciones de discriminación de ciudadanos, reduce la muerte digna al corto contenido del proyecto de ley que remitieron al Congreso unos meses antes de terminar la legislatura y que no pudo ser debatido.

La proposición de Ley sobre disponibilidad de la propia vida que presentó el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA- EQUO, CHA: La Izquierda Plural,  no mereció  ni siquiera un respeto a la deliberación y al diálogo parlamentario.

El texto avalado por el Grupo parlamentario había sido propuesto por los diputados de IU, Gaspar Llamazares y José Luis Centella. La proposición de ley busca la despenalización de la conducta del que, ““mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte”.

Era ya de esperar que los diputados del PP y de otras formaciones conservadoras votaran en contra de tal pretensión; los socialistas reconocen “el derecho a que el final de la vida se produzca sin dolor”, pero sin asumir el respeto pleno a la voluntad personal del ciudadano tal como dejaron escrito en el proyecto de ley presentado hace unos meses en el Congreso por el anterior Gobierno.

Constitución vs Código Penal

En la exposición de motivos de la proposición se recordaba que el artículo 10.1 de la Constitución afirma que: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Por ello, la proposición de Izquierda Plural alegaba que : el libre desarrollo de la personalidad obliga a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido. En otras palabras, la vida es un derecho, no un deber. Por ello, debe ser rechazada una ficticia confrontación entre vida y libertad que se pretenda resolver apelando a la prevalencia formal de una sobre otra, en base a criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológico/natural. Ante esta interpretación obvia de la Constitución no cabe el mantenimiento del apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por lo que debiera ser redactado en los siguientes términos:

Quedará exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma.

Que el PSOE ponga impedimentos a la aprobación de una normativa que regule el derecho a la muerte digna ya no es noticia, pero sí una confirmación de su posicionamiento, incluso cuando están en la oposición. Los socialistas se han negado a respaldar 19 iniciativas parlamentarias –proposiciones de ley, toma en consideración, preguntas…- llevadas a cabo en dos décadas. El lector podrá consultarlas en la página web de DMD (pestaña ‘Política’). La primera iniciativa fue defendida en el Congreso por Pilar Rahola en marzo de 1994. Demasiados años para mantener el tema de la eutansia atascado en los pasillos del congreso sin poder entrar a un debate en el hemiciclo. Vale la pena recordar que ya en 1997, en palabras del magistrado del Tribunal Constitucional Ruiz Vadillo pudimos leer acerca del contenido eutanásico del art. 143 del Código Penal: El ordenamiento jurídico acata y debe respetar la decisión de la persona en orden a acabar con su propia existencia. Se trata no de otra cosa que del derecho a morir con dignidad. Por ello, en mi opinión, si un tercero colabora a petición de la victima, convencido, sin duda, de que su decisión es libre, seria y firme, sin ningún tipo de intereses y espurios, el derecho penal no debe actuar, como en tantas otras ocasiones tampoco debe hacerlo.

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