Aproximación a la pobreza energética y la oligarquía permisible

Una proyección crítica y diacrónica del modelo actual eléctrico

El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de españoles que sufren para hacer frente a la factura de la electricidad, según el recientemente desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cuando hablamos de pobreza energética, no hay una definición aún consensuada, tomamos la definición de la Asociación de Ciencias Ambientales que se refiere a este término como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano). La cuestión que nos planteamos es ¿cómo ha surgido este concepto?

En el caso de las familias atendidas por Cruz Roja Española, esta cifra se dispara hasta el 43 por ciento, convirtiéndose en un problema de primera magnitud. Entre las personas mayores, ese porcentaje llega al 54 por ciento. 2.557.502 de consumidores están acogidos al bono social eléctrico. Las empresas eléctricas cortaron la luz a 1,4 millones de viviendas en 2012. España tiene la tercera luz más cara de Europa (según Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012), mientras que la deuda con las empresas eléctricas acumulada a 10 de mayo de 2013 asciende a 26.062,51 millones de euros según la Comisión Nacional de Energía.

Son indicadores que nos descifran un marco social y económico desolador que tiene su origen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, cuando se inició el proceso de liberalización en las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Desde entonces las reglas del modelo del sector eléctrico en España han permanecido invariables en su esencia. Sin embargo el Real Decreto Ley 9/2013 ahonda más en el problema subyacente y estructural que permanece estático e incluso crece debido a algunos parámetros de esta última ley del 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Tras los RDL 14/2010 y del RDL 1/2012 que establecieron la retroactividad y la moratoria para las renovables, se produjeron fuertes subidas de la luz que, según la Comisión Nacional de Energía, se debieron a las ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso, la baja demanda eléctrica, los pagos por capacidad, la sobrecapacidad gasista y los costes extra-peninsulares.

El Real Decreto Ley 9/2013 considera el déficit tarifario en el sector eléctrico español como la diferencia entre los costes reconocidos a las empresas eléctricas y los ingresos obtenidos a través de las tarifas reguladas que pagan los consumidores, convirtiéndolo en estructural. Esta consideración deja el futuro cargado de incertidumbres debido a los intereses de empresas eléctricas, financieras y de trading.

No obstante, previo a articular la nueva reforma, existe una situación gravosa pues el Ministerio de Industria ha cifrado en 3.595 millones de euros el déficit tarifario de este año. Ante tal cifra, el Gobierno iba a aportar 3.600 millones de € del Presupuesto General de Estado para intentar no desviar el déficit público. Sin embargo tras ese primer intento aún no se ha definido el Ministerio de Industria, incluso cuando el Tribunal Superior de Justicia dictó que las cinco empresas eléctricas que conforman UNESA (Endesa, Iberdrola, GasNatural Fenosa, E-on España y Edp) deben financiar el déficit  de tarifa de 2013 a 15 años y un tipo de interés del 2%. Frente a todo esto, el ministro de Energía e Industria aseguró que ”Las empresas eléctricas no tienen que seguir demandando un incremento de esos peajes porque en la próxima emisión que se haga para cubrir ese déficit tradicional, que sería el último, porque en 2014 ya no habría, tendría el aval del Estado”. A lo que UNESA sugiere que el desfase anual se desvíe a deuda pública, pues consideran que la garantía es mayor. El Ministerio de Hacienda, por su parte, se resiste, temerosa  de no cumplir con el déficit público.

Vemos por tanto cierto desbarajuste entre Tribunal Superior y Ministerio de Energía e industria así como el de Hacienda. Sin embargo, el rizo crece y un episodio previo a finalizar el año, como fue la subasta Cesur, impuso un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que habría provocado una subida de la tarifa del 11%. Esto llevó al Gobierno a instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a no convalidar el procedimiento y a abrir una investigación al respecto, ante la importante discrepancia del resultado de la subasta respecto a los incrementos que se avanzaron las semanas anteriores en la fijación diaria de precios. Esto ha suscitado la crítica de UNESA y de la Federación Europea de Traders de Energía por la intervención del mercado eléctrico y reivindicando la libre competencia y la eliminación gradual de precios regulados. Sin embargo la CNMC ha ratificado que no hubo manipulación según UNESA.

La justificación de la falta de competitividad pone de manifiesto las anomalías impropias de un mercado eficiente en relación a las variaciones del precio energético pues previo a estas subastas Cesur, la propia UNESA pudo haber indispuesto cantidades de megavatios de energías renovables y activar otras plantas de ciclos combinados de gas, carbón o nuclear, encareciendo así el valor de la energía.

El gobierno mediante la retribución de todos los productores al mismo tiempo, aunque sus fuentes de energía sea muy baratas y tengan los costes amortizados, hace incuestionable los beneficios que se lleva por ejemplo las empresas generadores de energía nuclear que según datos de la Comisión Nacional de Energía les cuesta producir el kWh, 18 céntimos de euro y se lo hemos estado pagando a 66 céntimos (2006); 47 (2007); 70 (2008); 43 (2009) y 45 (2010). Esos años ganaron 2.744, 1.544, 2.905, 1.273, y 1.619 millones de euros de más. En total, la cantidad asciende a 10.085 millones de euros en cinco años”. Empresas de energía nuclear en España son mayoritariamente tres, Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa.

No obstante la determinación de los precios del mercado eléctrico y los costes marginales de las distintas tecnologías nos evidencia las grandes diferencias que existen entre el coste de las energías más caras como son el fuel-oíl y el ciclo combinado y las más baratas que son las energías de régimen especial, a través de las cuales la extracción de energía prácticamente no genera costes.

Por otra Parte, el Gobierno, a la espera de mover ficha frente a la Comisión Europea, ha desviado la financiación de las energías renovables y cogeneradoras hacia la creación de mecanismos para conservar y mantener las Centrales de ciclo combinado de gas y nucleares, aún probada su escasa productividad y rentabilidad, en relación a otros tipos de energías limpias. El recorte de 1.750 millones de euros y la desaparición del actual sistema de primas, impuesto por el RDL 9/2013, que sustituirá por una retribución basada en estándares de inversión y costes de operación con una cierta rentabilidad (aún no desarrollado el real decreto que regule este nuevo sistema) provocará el fin de numerosas compañías del sector energético. Igualmente debido a esta política de regulación del sector energético renovable, España está recibiendo multitud de demandas por parte de inversores desde el 2011, desde empresas como: sociedad holandesa Charanne, otra luxemburguesa Constrution Investment, Grupo Isolux Crodán la firma Infra-PSP Canadá, dependientes estos dos últimos del fondo de pensiones canadiense Public Sector Pension Investment Borard. AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, un largo etcétera. Por todo ello, el gobierno de España se juega grandes cantidades de capital en los pleitos por el sector renovable.

Como conclusión podemos afirmar que este modelo energético es insostenible pues el déficit acumulable, a pesar de los beneficios continuos de las empresas que conforman UNESA, será cada vez superior por la falta de compromiso por parte del Gobierno, pues aunque la demanda de consumo sea decreciente, como podemos ver en el gráfico, la factura de la luz sube al consumidor, sea individual, sea empresa e incluso suben los beneficios empresariales de forma exponencial; efecto contrario a la ley de oferta y demanda que reina en cualquier mercado. En concreto, firmas como Iberdrola, Endesa o Gas Natural consiguieron situar sus márgenes en el 6,78% en el conjunto del año 2012, mientras que las grandes eléctricas del Viejo Continente -E.ON, Enel, EDF y RWE- dejaron este ratio en el 2,62%.

Consumo energético

Igualmente podemos advertir que la subasta Cesur, que domina el mercado eléctrico y que se encarga del cálculo de las tarifas de último recurso, es propiedad de OLMEL Holding, cuyo consejo está formado por personas y empresas afines a estas grandes empresas eléctricas que conforma UNESA. Por tanto observamos un círculo oligárgico que lejos de abrir un mercado de libre competencia está creando un mercado cautivo.

Por tanto, sería óptimo una transición a un modelo 100% renovable, así como la propuesta del autoconsumo como vía prioritaria para acercarse a este modelo de democratización de la energía, para limitar poder de UNESA sobre la energía. Esto podría provocar, tal y como defiende la organización Green Peace: un ahorro económico considerable, una ganancia absoluta en materia de independencia energética, una contribución decisiva a la lucha por el cambio climático y la creación de puestos de trabajo seguros y estables para satisfacer una demanda básica cuya provisión industrial jamás se deslocalizará, ni desaparecerá mientras exista sociedad humana civilizada.

No obstante el RD 1699/2011, en lugar de convertirse en el decreto que regula el autoconsumo, esta normativa regula las condiciones de solicitud, los procedimientos de conexión y las condiciones técnicas para instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. La regulación del autoconsumo lo ha realizado la actual ley que ha impuesto peaje al autoconsumo, cuando incluso la Comisión Nacional de Energía se mostró en contra de cobrar un recargo a los propietarios de instalaciones de autoconsumo por considerar que esto desincentivaría la eficiencia energética. Por tanto el principal cometido de este impuesto es recaudar de los “proconsumidores” un capital destinado a recortar el desfase tarifario.

Bajo este marco de un parque de viviendas que envejece y con carácter de poca o nula eficiencia energética, a los que hay que añadir que los objetivos de fomento de las renovables y la garantía de suministro serán incompatibles bajo un diseño de mercado que ignore esta cuestión, como la actual; por todo ello, se trasluce la necesidad de profundizar en un nuevo escenario en el que las energías renovables constituyan el vector predominante en la dieta energética de España. Sin esta articulación modélica, la pobreza energética acrecentará, donde la caída de salarios ha sido de 10 puntos porcentuales en 2013 al tiempo que se incrementan los precios de la factura de electricidad. Una situación insostenible que prevé la generación de más déficit de tarifa por el sistema de precios impuesto por la este último RDL 9/2013. Un déficit que recaerá sobre los consumidores a través de dicha factura.

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  • Comisión Nacional de Energía (2013) Boletín mensual de indicadores eléctricos y económicos. Disponible en: <http://goo.gl/XUzcn5&gt; [Acceso el 28 de diciembre de 2013]
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  • Vidales, Raquel (2013) Las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012. El Pais. [Internet] 26 de noviembre de 2013 Disponible en <http://goo.gl/BTz7Gc&gt; [Acceso el 29 de diciembre de 2013]
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